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FIN DEL ESPECTÁCULO

8 de Mayo de 2017 | Espectáculo: «función pública celebrada en el teatro de la vida capaz de llamar la atención y mover el ánimo ocasionando deleite, afecto, dolor o indignación».

FIN DEL ESPECTÁCULO

Esta improvisada definición del término «espectáculo», sirve para delimitar lo ocurrido en la región de Murcia los últimos días, con tres protagonistas principales: Pedro Antonio Sánchez, ex-Presidente de la Comunidad, Ciudadanos y Eloy Velasco Nuñez, Magistrado-Juez de la Audiencia Nacional.

Pedro Antonio, durante su etapa como Consejero de Educación, sucumbió a los cantos de sirena de una empresa experta en lavado de imagen. Parece ser que tenía la necesidad de mejorar y limpiar su estima particular, porque la prensa local lo relacionaba con una imputación penal y ello podía dificultar su postulación como candidato a la Presidencia. No llegó a formalizar ningún contrato ni a pagar cantidad alguna por ello. Quizá tuvo intención de pecar, pero no lo hizo, por voluntad propia o porque en ese momento estalló la operación Púnica y la cautela aconsejaba no enredarse en asuntos turbios. Su promesa de dimitir si era imputado pendía sobre su cabeza.

Ciudadanos fue el gran vencedor. Huérfano de trofeos y arrinconado como una prolongación del PP, necesitaba un triunfo que remarcara su identidad propia. Su amago de apoyar una moción de censura que acabara con el Gobierno de los populares fue efectivo al desencadenar la renuncia de Sánchez.

El tercer personaje, el Juez Velasco, merece especial atención. Pedro Antonio Sánchez es aforado y, por tanto, de las causas penales que se le puedan instruir debe conocer la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Pues bien, el Juez Velasco, en el asunto relacionado con la intención no consumada de lavado de imagen, entiende que el Sr. Sánchez cometió tres delitos -cohecho, malversación y revelación de información reservada- y eleva exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, órgano competente, para que dilucide la posible responsabilidad penal de Pedro Antonio. ¡Qué duro! Deberían aprender los jueces del caso Mas.

Dicen los medios que la exposición razonada contenida en treinta y dos folios es demoledora. Menos lobos. Son, en efecto, treinta y dos folios, pero solo cinco contienen motivación y, de ellos, la mayor parte, per relationem, es decir, no motivación autónoma ad hoc, sino que aprovecha la justificación contenida en sentencias del Tribunal Supremo -que reproduce- y cuya aplicación al caso es interpretable. Veremos qué opina el tribunal murciano de este asunto y de la nueva propuesta introducida por el Fiscal Anticorrupción que, en el caso Auditorio, pide incluir el delito de fraude en la subvención.

En todo caso, todo este discurso carecería de interés una vez producida la dimisión de Pedro Antonio si no fuera porque el Juez Velasco abandonó la carrera judicial para ser nombrado Director General de Justicia de la Generalitat Valenciana por el PP de Eduardo Zaplana entre mil novecientos noventa y cinco y dos mil tres, y fue destituido por sus desavenencias políticas con el Secretario del Departamento.

El sistema no debería permitir que los jueces se dedicaran a la política. La neutralidad y la independencia no son trajes de quita y pon. Este tipo de jueces son un peligro para la carrera judicial y para los justiciables. Si renuncian al puesto político por su voluntad, tenderán a favorecer a quien los nombró; si son cesados, intentarán vengarse. Garzón fue buen ejemplo de ello.

Entre las medidas que en su día propuse contra la corrupción en el ámbito judicial, figuraba la de que los miembros de dicha carrera, cuando concurran como candidatos en listas electorales, sean o no elegidos, así como cuando sean nombrados para cargos políticos, deben pasar a la situación de excedencia voluntaria –no a la actual de servicios especiales-, en la que deberán permanecer, como mínimo, diez años y, una vez reincorporados, en ningún caso podrán juzgar a miembros del partido al que sirvieron.

 La hemorragia en el crédito del Poder Judicial necesita intervenciones expeditivas y urgentes.

Editor: Administrador

Colaborador: Ignacio Arias.

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