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La justicia del sigo XXI: carencias y retos

25 de Febrero de 2009 | Artículo escrito por Ramón F. Mijares Sánchez

La justicia del sigo XXI: carencias y retos

Tras un breve apagón, la Revista de debate jurídico-político Las XII Tablas reinicia su andadura a través de un formato digital más acorde con los tiempos de modernidad que impregnan la sociedad actual.

No cambia, sin embargo, ni el espíritu que ha animado el nacimiento de la publicación, encarnado por nuestro querido compañero José Ramón Ballesteros Alonso, patrocinador de la Revista a partir de una idea promotora nacida de la siempre fructífera mente de nuestro también querido compañero Ignacio Arias Díaz, ni la línea editorial que pivota en torno a un tema monográfico a partir del cual se estructura cada número.

En esta ocasión pretendemos analizar desde todos los prismas posibles cuantas cuestiones afectan y van a afectar a La Justicia del Siglo XXI, deteniéndonos especialmente en sus carencias y enunciando sus retos.

Este tema viene muy a cuento considerando que a partir del 1 de enero de 2009 nuestra Comunidad Autónoma ha asumido plenamente la competencia de administrar la Administración de Justicia.

Escenificamos, pues, una suerte de refundación de la Revista cuyo primer número se dedicó, precisamente, a examinar las transferencias de La Justicia al Principado de Asturias.

Para ello hemos elaborado desde el Consejo de Redacción un cuestionario de diez preguntas y hemos invitado a contestarlas a las personas más representativas en el ámbito de lo que en términos coloquiales se ha venido denominando “el mundo del derecho”.

Desde la Dirección de la Revista no queremos eludir el reto de reflexionar sobre esta temática central y nos permitimos analizar esta materia de un modo claro y directo.

Existen muchas profesiones en torno al oficio de jurista: el Abogado, el Abogado del Estado, el Fiscal, el Letrado del Consejo de Estado, el Letrado de las Cortes, el Letrado del Parlamento Autonómico, el Catedrático, el Registrador, el Notario, el Secretario Judicial, el Procurador de los Tribunales..., pero de todos ellos, quizá el que debe enfrentarse a los cambios más radicales sea el Juez.

Siguiendo la doctrina más solvente son tres las causas que han tenido una mayor incidencia en la transformación de La Justicia: la globalización, la hiperlexis y el cambio experimentado por el “público o cliente”. A ello hay que añadir una causa transversal, cual es la carencia de medios. Analicémoslas brevemente.

No sólo en el ámbito de la Unión Europea, sino también a nivel mundial, el “escenario jurídico” ha sobrepasado las fronteras nacionales y se extiende hacia lo que se denomina una “Justicia Universal”.

En el caso concreto de la Unión Europea existen ya Tribunales de Justicia Comunitarios, a los que hay que añadir las funciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyo ámbito de influencia desborda ya el territorio comunitario.

En el campo penal existe una tendencia a consolidar el Tribunal Penal Internacional aunque de momento es un desideratum más que una realidad.

En esta línea se inscribe también el artículo 23.4.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial que incorpora al ordenamiento español el principio de jurisdicción universal en materia de genocidio.

Por lo que se refiere a la segunda de las causas enunciadas, en los últimos tiempos se ha desencadenado un fenómeno que la doctrina ha calificado como de legislación motorizada. Unas leyes se superponen a otras leyes y cuanta más prolija es la regulación de una materia, más confusa y discutible puede terminar siendo la interpretación de la misma. El consejo legal del abogado se hace cada vez más imprescindible y a partir de él acudir a los tribunales para tutelar nuestros derechos se ha convertido en una moda, tal como evidenciaremos al analizar la tercera de las causas.

Cualquier problema político se soluciona con una ley. Y esto no solo a nivel estatal, sino que a ese libreto legal inmanejable procedente del Estado Central hay que sumar la prolija producción legislativa de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Por citar el ejemplo más cercano, la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias tiene actualmente 118 leyes vigentes y más de 2000 decretos aprobados.

Una simple operación matemática permite alcanzar cifras inmanejables a nivel nacional.
Además, el nivel de eficacia de un parlamento se mide por el número de leyes aprobadas, con lo cual hay una suerte de reto en cada legislatura para superar el nivel de presumible eficacia de la anterior.

Lo que debiera ser una garantía para el ciudadano se convierte en un galimatías.
En lo que atañe a la tercera de las causas, “el público”, “el cliente”, del sistema jurídico ha experimentado modificaciones notables. El nivel de igualdad alcanzado por la mujer, el envejecimiento de la población, la dinámica familiar con una baja natalidad y una alta tasa de rupturas matrimoniales, la emigración, el nivel educativo, el nivel cultural, las distintas identidades “nacionales”, han determinado que ese “público”, ese “cliente”, esté cada vez más enterado, más educado, que sea más reivindicativo y más exigente.

Esto determina la aparición de un fenómeno no sólo exclusivo de España, sino del resto de las democracias europeas y americanas, que se ha venido en denominar “anhelo de justicia total”, es decir, la creencia generalizada de que todos los daños deben ser prevenidos, las pérdidas compensadas y los derechos protegidos. La fuerza mayor, el caso fortuito, el azar, han pasado a ser disculpas no entendidas ni aceptadas por la sociedad. El Estado, que todo lo puede, también debe responsabilizarse de cualquier daño que se produzca.

Todo daño es fruto de una culpa, y esa culpa produce un perjuicio con la consiguiente obligación de resarcimiento.

Indudablemente queremos estar cada vez más protegidos, pero para garantizar esa protección se teje una maraña de normas, cada vez más inmanejable y cada vez de más difícil interpretación, con lo que el resultado final es agobiante para el ciudadano, para el abogado y, sobre todo, y en último término, para el juez.

Se ha importado el modelo americano en el que todo es reclamable ante los tribunales de justicia.

Por último, y como una causa transversal a todas las anteriores, hay que citar la endémica carencia de medios materiales con que cuentan los tribunales españoles. Aun es frecuente y cotidiano ver máquinas de escribir que merecerían formar parte de los museos tipográficos, papel de calco erradicado del resto de las Administraciones Públicas hace ya más de dos décadas, o sistemas de archivo decimonónicos.

¿Está preparado el sistema judicial español para afrontar los nuevos retos que surgen de esta concatenación de circunstancias?

El Sistema Judicial Español se edifica en torno a dos tipos de garantías: garantías orgánicas y garantías procesales.

Las primeras están destinadas a dotar a los titulares de la jurisdicción de un estatuto que los sitúe a salvo de interferencias perturbadoras; las segundas, tienen la finalidad de asegurar los derechos de los justiciables precisamente frente al juez como sujeto de poder.
Las primeras están pensadas para proteger a la Magistratura en su conjunto y al juez o tribunal del caso dotándolos de independencia en sus respectivos ámbitos, y ello se consigue, al menos sobre el papel, otorgando autonomía a la institución judicial frente al poder ejecutivo, por más que el sistema de elección de los miembros del poder judicial –designación parlamentaria- haya sumido al Consejo General del Poder Judicial en una dinámica de lo que también la doctrina ha denominado “degradación partitocrática”.

Las garantías procesales salvaguardan los procedimientos en el proceso que está integrado por una serie de trámites que aunque a veces parezcan meramente rituales están dotados de un profundo sentido jurídico.

Las formas del proceso garantizan los derechos de las partes y al hacerlo facilitan que cada una de éstas y también el juez permanezcan en su sitio. El proceso se convierte así en un triángulo -demandante, demandado, juez- que garantiza que éste último asuma una posición de imparcialidad.

El juez que hasta hace unos años era una persona anónima cuyo nombre y apellidos sólo eran conocidos por los que nos desenvolvíamos en el mundo del derecho, pasa hoy -por mor de las circunstancias aludidas- a convertirse en noticia, en titular de los medios de comunicación porque cualquier asunto puede adquirir tintes periodísticos y situar al juzgador en la picota o convertirlo en juez estrella.

Se ha judicializado la vida política porque muchas de las decisiones que tenían que haberse adoptado en este ámbito, sea por dejadez, sea por corrupción, llegan a dilucidarse en los tribunales. Temas sin gran complejidad técnica, como por ejemplo la violencia doméstica, alcanzan hoy grandes tensiones mediáticas proyectándose perturbadoramente sobre el clima de anonimato, serenidad y sosiego que tradicionalmente presidía la labor judicial.

Hoy día es menos fácil ser juez. La maraña legislativa, el volumen de trabajo y la paradójica solución que a veces se patrocina desde el Ministerio de Justicia de medir la labor judicial con parámetros cuantitativos, olvidando que no todos los casos son iguales y que algunos de ellos por su complejidad técnica requieren días y días de trabajo y reflexión, avanzan hacia una crisis del actual modelo de juez.

El juez tradicional “boca de la ley” va camino de extinguirse.

No por ello debemos dejar de reconocer el esfuerzo que desde la judicatura se está haciendo para superar los problemas aludidos. El juez no deja de ser una persona “sabia en leyes” que pretende hacer justicia en los términos de la máxima clásica “suum quique tribuere”.

Editor: Administrador

Colaborador: Ramon F. Mijares Sánchez

Comentario

Comentarios (6):

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