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Entrevista a Lucas Álvarez, Presidente de la U. Autonómica de CSI-CSIF

3 de Julio de 2009 | 1. ¿Qué opinión le merecen las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anulan la carrera profesional?

Entrevista a Lucas Álvarez, Presidente de la U. Autonómica de CSI-CSIF


La sentencia nos parece la única que podría darse. La carrera profesional no existe. Como sindicato, defensores de los derechos de los trabajadores, nos reafirmamos en nuestra decisión de recurrir la resolución, pues aceptarla suponía dejar indefensos a los empleados públicos, tanto a los que firmaron (quedaban con las espaldas abiertas) como, y sobre todo, a quienes no aceptaron un cheque en blanco, pues son discriminados sin razón.

2. ¿Cree usted que la medida de suspender el pago de las cantidades que hasta ahora se venían percibiendo es la única posible o caben alternativas con amparo legal?

Esa medida es la más fácil para la administración, a la vez que se ha intentado utilizar como arma arrojadiza contra quienes recurrimos.

Alternativas las hay, de hecho, esas cantidades han sido cobradas como complemento de productividad, según resolución de diciembre de 2007.

3. ¿No considera usted que las declaraciones de la Consejera responsable de la función pública de demorar la reimplantación de la carrera profesional a la aprobación de la ley de la función pública autonómica y ésta, a su vez, a la de la aprobación del estatuto marco del personal docente, cuyo íter procedimental no es competencia del Principado de Asturias, es un intento de dar largas sine die a esta cuestión y “vengarse” administrativamente del varapalo sufrido?

Ha quedado dicho. La sra consejera no ha hecho nada en los dos años y pico que han transcurrido desde el acuerdo de 2006. Extremadura optó por modificar la ley de función pública existente par introducir el concepto de carrera profesional (para los funcionarios) y por contemplarlo en el convenio colectivo (para elpersonal laboral) y permitir que fuera aplicada en breve tiempo.

4. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones de la Consejera responsable de la función pública cuando reconoce expresa y públicamente que sabía que la implantación de la carrera profesional no tenía cobertura legal?

Un responsable de nuestras administraciones debe ser el primer garante de que se cumpla le ley, para ello debe tener voluntad, intención y asesoramiento. Está claro que aquí no se dan, al menos las dos primeras premisas. La única salida que tiene es dimitir.  Hacer algo a sabiendas de que es ilegal tiene un nombre en nuestro ordenamiento jurídico.

5. ¿Considera usted que la implantación de la carrera profesional fue un recurso electoral más que una medida cuyo objeto debía ser la mejora de la calidad y del rendimiento de los empleados públicos?

Los hechos nos demuestran que pretendían evitar el cabreo de muchos empleados públicos. El cabreo podría llevarlos a castigar con el voto en las elecciones autonómicas. Ese cabreo vendría motivado por “la envidia” generada por las cantidades de mejora anunciadas para los sanitarios estatutarios. ¿qué hacer? Un guiño … y ya veremos. Y así ha salido todo.
Demostrar que había una decidida intención de atender a los empelados públicos pasa por buscar una solución intachable y rápida que evite la suspensión del pago, cuanto más la devolución y, dado que no hay posibilidad de aplicar la medida en esos términos, aprovechar para hacer extensible el pago a quienes no aceptaron un compromiso a ciegas. Se cumpliría “ a igual trabajo, igual retribución”. De hecho (ya se comentó) el pago ha sido realizado por complemento de productividad.

Cuando llegue la carrera profesional, adelante. Quiero recordar que CSIF nunca ha estado en contra de la misma; sí contra chapuzas e inventos que en nada favorecen a los empleados públicos.

6. ¿Qué opinión le merece la contundente separación que hace la sentencia entre personal funcionario y personal laboral? ¿Considera usted que ambos deben tener el mismo modelo de carrera profesional y el mismo tratamiento retributivo?

Todos los empleados públicos deben tener posibilidad de que se valore su compromiso y su trabajo, independientemente de la relación contractual. El hecho de que el régimen sea distinto lo único que obliga es el marco en el que se pueda recoger todo ello, será en convenio, en acuerdos, etc. Pero no puede discriminarse.

7. Se alega por el Principado de Asturias para suspender el pago de la carrera profesional a partir de la nómina de julio que es a partir de dicha fecha cuando la sentencia adquiere firmeza y que, por tanto, al haberse declarado el acto impugnado anulable y no nulo de pleno derecho, es a partir de dicha fecha cuando debe suspenderse el pago. ¿No considera usted que el Principado de Asturias debería recurrir la sentencia para que no adquiera firmeza y tramitar paralelamente y con acortamiento de plazos la ley de la función pública autonómica para dar la cobertura legal inexistente hasta ahora a la carrera profesional? ¿Incluso no considera usted que podría ser la Ley de Presupuestos Generales del Principado para 2010 la que incorporara un desarrollo de las retribuciones de los empleados públicos del Principado de Asturias para asegurar la cobertura legal de la carrera profesional?

Es el Principado el que debe tomar decisiones en aras de solucionar el tema. Procura escurrir el bulto y poner de manifiesto los distintos posicionamientos sindicales para eludir su responsabilidad, responsabilidad que pasaría por un primer gesto que no es otro que la dimisión de la Sra Migoya.

8. ¿Cree usted que a partir de la sentencia que anula la carrera profesional los responsables de la función pública autonómica mantienen su idoneidad y legitimación para pilotar la aprobación de la ley de la función pública autonómica y para evaluar a los funcionarios del Principado de Asturias a resultas de la evaluación que de ellos hizo la sentencia en cuestión?

Pues no.

 

Editor: Administrador

Comentario

Comentarios (14):

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