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Demasiada Democracia

23 de Julio de 2012 | Decía Ostrogosky que «Las patologías de la democracia se solucionan con más democracia».

Demasiada Democracia

Seguramente estaba en lo cierto, pero el momento es muy adecuado para reflexionar sobre si el sistema democrático está adaptado a las exigencias de la actual sociedad global.

La política ya no consiste solamente en decidir el trazado del AVE o la ubicación de un cementerio nuclear. Hoy día los Gobiernos deben enfrentarse a problemas de gran complejidad y valorar medidas técnicas que traten de evitar que los mercados amenacen la estabilidad económica del país o lo lleven a la bancarrota.

Y los mercados no entienden de democracia, sólo de resultados.

¿Están la política y los políticos preparados para afrontar este tipo de decisiones con garantía de éxito?

La experiencia pone de manifiesto que en Grecia, Irlanda, Islandia y Portugal no, y según apuntan los datos, en España e Italia, parece que tampoco.

La explicación quizá haya que buscarla en el hecho de que la política y los políticos han permanecido estáticos y anclados en sus principios originarios en cuanto a exigencias, modos de actuar, teniendo como única referencia la conquista del poder y su mantenimiento, instalándose para ello en las cúpulas o burocracias de los partidos políticos. No así en derechos.

Veamos.

El Estado de Derecho se edifica sobre dos pilares: la burocracia (empleados públicos que velan por la observancia del principio de legalidad, tramitan los procedimientos y prestan servicio a los ciudadanos) y la democracia (políticos de elección y de designación, que dirigen y gestionan la administración).

Burocracia profesionalizada y democracia. En ambas el elemento humano goza de idéntica legitimidad. El principio de mérito y capacidad, en cuanto produce designaciones a través de competiciones abiertas entre los ciudadanos es un principio de justificación democrática tan sólido como el principio electivo (más aún, teniendo en cuenta las listas cerradas): una competición sobre la actitud profesional frente a una competición por los votos, porque los espacios a ocupar requieren en un caso el mayor nivel de excelencia y, en otro, el mayor apoyo popular.

Las exigencias para ingresar en la burocracia se han ido adaptando permanentemente a las nuevas realidades (idiomas, programas actualizados y densos, test psicotécnicos y de conocimiento).

Para ingresar en la democracia (poder de los políticos a través de las cúpulas de los partidos), nunca se exigió nada y sigue sin exigirse nada, ni siquiera a aquéllos que van a asumir directamente la gestión de la Administración, que por volumen económico y de personal es, con creces, la mayor empresa del país. Tal circunstancia es una pieza fundamental que continuamente nos ofrece mutaciones a través de la descomposición que vicia el sistema, pudiendo llegar a hacerlo irreconocible. Por ello es necesario delimitar continuamente el ámbito o marco de actuación de la política.

Además, ambas realidades han seguido caminos divergentes:

A) Las mayores exigencias a la burocracia han ido parejas a una disminución de derechos, sobre todo económicos.

B) La democracia, manteniéndose en sus condiciones de origen, ha ido perpetuando o consolidando un haz de derechos cada día más exorbitantes de los del resto de los ciudadanos: fijación de sus retribuciones; pensiones en cuantía máxima con períodos de cotización mínimos; régimen de incompatibilidades más permisivo; exenciones en el IRPF; cesantías; gastos y dietas, etc. Se expropia a ínfima contraprestación la soberanía de los ciudadanos a través de un «contrato social» (J.J. Rousseau)  manipulado desde arriba.

Por citar un ejemplo actual, el Sr. Montilla, una vez perdida su condición de Presidente de la Generalitat, pasó a percibir durante dos años 115.000 € anuales, goza de despacho, chófer, servicio de seguridad, dos asistentes, y cuando se jubile cobrará una pensión vitalicia de 86.000 € anuales. También el Sr. Zapatero está percibiendo en su retiro de oro 78.125 euros € como ex Presidente y 72.000 € como miembro nato del Consejo de Estado, más chófer, servicio de seguridad y asistentes. Lo que viene a hacer buena la opinión de Duverger de que «la política sirve para mantener los privilegios de una minoría sobre la mayoría».

La burocracia se estructura en categorías y cada Cuerpo tiene unas funciones.

En la democracia todos valen para todo, destacando su versatilidad. Cualquiera puede ser Ministro/a y, adquirida tal condición, el intercambio de carteras se produce con toda naturalidad (es como si en el ámbito de la burocracia un arquitecto ejerciera de un día para otro como médico). Ello da idea de la virtualidad o superficialidad de la política y evidencia, por tanto, que la democracia, es decir, lo que denominamos la «política» no está necesariamente preparada para tomar decisiones de alta exigencia técnica.

Se podrá decir que esa potencial carencia se suple con asesores. Ciertamente, pero el sistema vuelve a fallar cuando el resultado de ese asesoramiento, seguramente de gran solvencia y el más acomodado a los intereses en juego, se valora y tamiza por la democracia no en términos de conveniencia para el interés público, sino en función de intereses electorales.

La política se justifica a sí misma apelando a la legitimidad democrática de origen, olvidando que esa legitimidad hay que revalidarla en el ejercicio diario del poder. Incluso muchos políticos adoptan sus decisiones a partir de la máxima «el interés público deja de serlo cuando no coincide con el mío».

Nada cambia cuando para revestirla de la máxima legitimidad democrática se somete la decisión al Parlamento, sede de la soberanía popular, y ello porque el interés público ya no es lo que acuerda la mayoría de forma espontánea y fruto del debate abierto  y libre, sino que esa mayoría se construye a partir de intereses parciales: electorales unos y económicos o políticos otros, cuando no se compran votos descaradamente (véase el caso de Italia en la etapa de Berlusconi). Pero en todo caso, la suma final nada tiene que ver con el interés de todos. El «todo vale» se ha convertido en práctica común, siendo el más fuerte el que sabe desenvolverse y sobrevivir mejor en toda esta telaraña de intereses para sobrevivir aun a costa de eliminar al contrario, a pesar de ser una pieza esencial  para la existencia de una auténtica democracia.

Grecia, Irlanda, Portugal e Islandia han ido a la bancarrota patroneados por Gobiernos muy democráticos, que no han sabido o no han querido adoptar a tiempo medidas que insistentemente les reclamaban los mercados. En este último país, el primer ministro fue juzgado por actos delictivos por permitir el colapso del sistema bancario.

Teniendo en cuenta entonces que la voluntad de la mayoría no siempre persigue el interés público, ¿deben permanecer las grandes decisiones técnicas que afectan a la estabilidad económica de un país y de sus ciudadanos en manos de la «democracia» o deben asignarse a órganos u organismos especializados, evitando así que se demore su adopción  y que una vez adoptadas representen costes electorales?

Islandia comienza a salir de la crisis porque ha sabido tomar decisiones que van directas a atajar la enfermedad: el sobredimensionamiento de su administración (sector público) y los privilegios de su clase política. Esto es, han actuado sobre la «democracia».

El resto de los países siguen enfermos y su salud empeora día a día, porque  han centrado sus recortes en la burocracia.

El Gobierno español, además de incumplir su programa electoral, experimenta viernes tras viernes utilizando como cobazas a los ciudadanos y ensayando fórmulas condenadas al fracaso porque únicamente se aplican sobre la ciudadanía y sobre los funcionarios, obviamente actuar sobre el tejido adiposo de la Administración y la clase política. El Gobierno, por tanto, no tiene ninguna voluntad de sanar al enfermo cuya única dolencia es el virus que lo parasita y del que da fe el cuadro adjunto.

Si le pidiéramos a un tecnócrata que aportara ideas para solucionar la crisis y le desplegáramos en una mesa (una mesa muy grande) la relación de personas cuyos sueldos gravitan sobre el presupuesto público (ver de nuevo el cuadro adjunto), ¿cuál sería su primera propuesta?. Sí, sí, esa que todos estamos pensando.

¿Demasiada democracia? Sí, sin duda, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo.

No reflexionar sobre estas cuestiones, obtener las conclusiones oportunas y tomar las medidas consiguientes, puede conducir a nuestra sociedad hacia un suicido colectivo. Eso sí, muy «democráticamente».

 

 

Editor: Administrador

Colaborador: Ignacio Arias Díaz

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